Sin respaldo de Naciones Unidas ni de la comunidad internacional, el presidente Barack Obama parece decidido a ordenar lo que define como una intervención militar limitada contra Siria, a cuyo gobierno acusa de lanzar un brutal ataque con armas químicas que envenenó a miles de civiles, incluidos mujeres y niños.

No obstante, Rusia ha calificado como inaceptable la pretensión de Washington que considera seria violatoria a la carta de Naciones Unidas (ONU), por lo que se prevé que las relaciones entre ambos Estados bajarán aún más de nivel, más aún porque Moscú opera una base militar en la cercanía de Siria. El secretario de Estado, John Kerry, ha dicho que el régimen del presidente Bashar al Assad preparó durante días un brutal y fragrante ataque con armas químicas que causó la muerte de al menos mil 500 personas.

El informe preliminar de inspectores de la ONU que investigan en Damasco la veracidad de la denuncia ha sido rechazado por el Gobierno sirio. Por lo que Estados Unidos ha dicho o dejado de decir puede decirse que más temprano que tarde Siria sería bombardeada, a pesar de la objeción de Rusia y del rechazo del parlamento británico.

De sicarios y mandantes

Ministerio Público y Policía están compelidos a mover cielo y tierra para identificar a los sicarios y mandantes que asesinaron el viernes a balazos al dirigente choferil Ángel Darío Pérez Montero, acribillado frente a su residencia, en el sector Lotes y Servicio, de Sabana Perdida. Pérez Montero era dirigente de la Unión Nacional de Transportista y Afines (Unatrafin), que mantenía un conflicto por el control de dos rutas de guaguas, con la Federación Nacional de Transporte La Nueva Opción. No resulta prudente adelantar juicios sobre las razones por las cuales ese transportista fue asesinado por individuos que no robaron ninguna de sus pertenencias, pero a las autoridades corresponde esclarecer un homicidio que podría estar relacionado con el conflicto pre citado. Varios empresarios o dirigentes choferiles han sido asesinados a tiros o cuchilladas durante pleitos por el control de rutas, sin que las autoridades se atrevan a intervenir. Esta vez se reclama identificar a sicarios y mandantes.