Desde el momento en que entró en contradicciones con el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), la destitución de José Ángel Aquino como coordinador de la comisión de oficialías del registro civil del organismo estaba escrita. La resolución de la Cámara de Diputados que ha invocado Rosario para justificar la decisión no es más que un pretexto.

Se sabía incluso que el magistrado César Francisco Félix y Félix sería el sustituto de Aquino, cuyo principal pecado fue disentir de la posición del presidente de la JCE sobre el caso de los 22,673 dominicanos de ascendencia haitiana que fueron despojados de su nacionalidad. La decisión contra Aquino constituye más bien un acto de venganza, que fomenta la división entre los jueces electorales.

Aquino había sido un aliado de Rosario hasta el conflicto sobre los dominicanos de ascendencia haitiana. Si alguien se supone que conoce al dedillo el conflicto no es otro que Aquino, por su condición de coordinador de la comisión de oficialías del registro civil.

Para más justificación de la destitución el presidente de la JCE invocó hasta el acápite del informe legislativo que califica de imprudente, inapropiada y extemporánea la participación de Aquino en un curso organizado por el Alto Comisionado de las Naciones para los Refugiados, celebrado en abril en Costa Rica.