RADAR

Artimañas
Deja muy mal parada la integridad de los comerciantes del Barrio Chino las  deplorables artimañas que se les atribuyen para violar el plazo sobre el estacionamiento de vehículos en la zona. No está bien que los dueños de negocios vuelvan a las presiones para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional deje sin efecto una medida saludable, adoptada de buena fe y común acuerdo con ellos para la seguridad de la zona. El miércoles cuando venza el arreglo que permitió el estacionamiento en la zona con motivo de las Navidades los comerciantes no tienen más que acogerse a la realidad. Pueden, eso sí, reanudar las  conversaciones para buscar otro arreglo, sin necesidad de recurrir a subterfugios con el propósito de violar la disposición. El Barrio Chino fue una iniciativa de esos mismos comerciantes que ha contribuido con la recuperación, el esplendor y el dinamismo del sector en que la mayor parte de los recursos fueron aportados por el contribuyente. El orden y las reglas no competen a nadie más que al Estado. ¿O no?

Un paso Importante
La Junta Central Electoral (JCE) intentará de nuevo aprobar un reglamento sobre financiamiento a partidos políticos, que el presidente  de la institución, doctor Julio César Castaños Guzmán, ha definido como “paso muy importante para la democracia”. En otras oportunidades, la JCE ha fracasado al intentar fiscalizar dineros públicos que administran por la libre los partidos reconocidos, los que apenas presentan una relación de gastos que en nada garantiza el buen uso de esos recursos. Una anterior propuesta de reglamento para esos fines fue rechazada por los propios partidos, que al parecer se ponen de acuerdo para evitar que  se ponga freno al dispendio de dinero del contribuyente. La JCE y la Cámara de Cuentas están en el deber de fiscalizar el destino de hasta el último centavo de los centenares de millones de pesos  que desde las arcas públicas van a parar a las tesorerías de los partidos. Es por eso que se alienta al tribunal de elecciones a impulsar con toda decisión el citado reglamento y a aprobar otro que evite el uso ilegal de recursos del Estado en las elecciones del 2010.