Contra chikungunya

La dimensión alcanzada por la chikungunya ameritaba de una jornada de prevención y control como la coordinada el sábado por el Ministerio de Salud Pública. Durante el operativo en que se habrían eliminado 90 mil criaderos del mosquito que transmite la enfermedad las autoridades pudieron aquilatar la magnitud de la epidemia. Y de esa manera afinar la estrategia tanto en materia de prevención como para controlar el virus que ha hecho estragos en la población. Conforme al titular de Salud Pública, Freddy Hidalgo Núñez, resulta alentador que no se saliera a improvisar, pero tampoco a demostrar un interés mediático a través de una aparatosa jornada.

Las brigadas visitaron zonas y hogares previamente priorizados desde el punto de vista epidemiológico y entomológico para garantizar la eficacia de la jornada. La enfermedad, cuyos primeros casos fueron detectados en Nigua, San Cristóbal, se ha propagado prácticamente por todos los confines del territorio. Ante el impacto sanitario se imponía una estrategia, de la que forma parte la jornada del sábado, con el propósito de prevenir y frenar la incidencia de una enfermedad que ha afectado a miles de personas. Cabe esperar, pues, que de ahora en adelante no se baje la guardia hasta ganar la batalla.

Washington y Venezuela

El Gobierno de Estados Unidos ha negado que conspire contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y reitera que las sanciones contra funcionarios acusados de violación de los derechos humanos, aprobadas por la Cámara de Representantes, no son convenientes en los actuales momentos. Pero Washington no acaba de convencer, porque tampoco nada hace para evitar que prospere la iniciativa legislativa, que ha contado con el respaldo incluso de los demócratas.

La subsecretaria de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson, estimó que por ahora lo más conveniente es el diálogo que promueven la Unión de Naciones del Sur (Unasur) y el representante del Vaticano. Pero guardó silencio cuando se le preguntó si el presidente Barack Obama vetaría, en caso de ser aprobado por el Senado, el cuestionado proyecto que sanciona nada más que a funcionarios por reprimir las protestas sociales que se iniciaron en febrero y que a la fecha han dejado 42 muertos.