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Calientan pista

Con todo y su retroceso al revocar la rebaja que había dispuesto, el director de la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), Héctor Mojica, no deja de jugarse la faja con su afirmación de que obligará a los gremios choferiles a reducir el precio de los pasajes.

La seguridad ha elevado la tensión, pues ya empresarios como Antonio Marte y el también asesor de transporte del Poder Ejecutivo, Alfredo Pulinario Linares, han advertido que no bajarán la tarifa.

Hasta el presidente de la Federación Nacional de Transporte Dominicano (Fenatrado), Blas Peralta, dijo que no la reducirá. Los empresarios se plantaron desde que el ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, los instó a bajar los precios del servicio en la misma proporción en que se han reducido los carburantes.

Pero los transportistas, que se benefician de un cuestionado subsidio de combustibles y de una todavía más cuestionada proporción de los gravámenes a las gasolinas, se han rehusado bajo el alegato de que no se benefician de la caída de los precios. Ahora es el director de la OTTT quien ha pasado a la ofensiva con su afirmación de que los choferes serán obligados a bajar los pasajes. Como los transportistas están renuentes, el pulso no deja de crear cierta expectativa.

Tarea para procurador

El espaldarazo que ha recibido de diferentes sectores de la opinión pública representa un compromiso para el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, en su cruzada contra la corrupción.

A los muchos escándalos que tiene que enfrentar se agregan las supuestas anomalías por más de 125 millones de pesos que dice la Cámara de Cuentas se cometieron en 2009 durante la gestión de Jesús Félix en la Alcaldía de Santo Domingo Norte. Que Félix sea viceministro de Hacienda y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no son obstáculos para que se les investigue sobre las numerosas irregularidades en que habría incurrido durante su gestión.

Entre las anomalías se citan entrega de ayudas y donaciones sin evidencia de beneficiarios, impuestos retenidos y no pagados a la Dirección de Impuestos Internos ni a la Tesorería de la Seguridad Social, faltantes en facturas por reembolsos de publicidad y pago de avances en obras superior a lo que establecen las normas.