Más combustible

En el pulso en torno a la tarifa del transporte que protagonizan el Gobierno y los empresarios de esa actividad ha aflorado un ingrediente que, por las conjeturas que plantea, tiene todo el poder de una carga explosiva. Se trata del destino que se ha dado al gravamen de dos pesos al galón de los diferentes carburantes establecido por la ley 253 sobre la reforma fiscal de 2012 para, entre otros fines, renovar el parque vehicular de pasajeros y carga.

En su oposición de adecuar la tarifa del transporte a la rebaja del precio de los combustibles, los empresarios señalan que por el gravamen, también concebido para promover el desarrollo vial, se han recaudado más de cuatro mil millones de pesos desde su aprobación en 2012 a la fecha. Que se sepa, todavía no se ha rendido cuentas sobre el destino de los recursos, de los cuales un 25% sería para beneficiar a los transportistas, en adición al subsidio de combustibles.

Puede darse por descontado que el servicio que ofrecen los transportistas no se corresponde con los privilegios que reciben, pero, en aras de la transparencia, el Gobierno debe explicar en qué se han utilizado los recursos recaudados a través del gravamen de dos pesos a los carburantes. La falta de información es obvio que genera dudas.

Sombrasen pacto

El pacto por la educación podría romperse por la confrontación que libran la cartera y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en torno a un reajuste salarial. Las tensiones que se evidencian son inquietantes. Ambas partes están cerradas a banda en defensa de sus posiciones.

El ministro Carlos Amarante Baret sostiene que el incremento de un 12%, que es lo que ha propuesto, es justo si se toma en cuenta que el sueldo base de un maestro es de 15 mil pesos y los aumentos de sueldos que se han efectuado en los últimos tiempos. Aunque indicó que si se contabilizan los incentivos, el sueldo de un maestro de educación básica será en 2015 de 39,909 pesos mensuales.

Pero la ADP no transige y está plantada en un 60%. En la disputa, el pacto educativo ha sido relegado y no se descarta que de tensarse todavía más se pueda interrumpir la docencia, como en efecto ha ocurrido en múltiples comunidades por diferentes demandas. Si algo cabe esperar es que las partes puedan llegar a un acuerdo satisfactorio.