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La reacción del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, contra la sentencia que ordena la libertad bajo fianza de un imputado por narcotráfico y lavado de activos plantea, entre otras muchas interrogantes, un pulso judicial. Domínguez Brito la emprendió contra la juez interina Evelyn Torres, porque su sentencia a favor de Pascual Cordero Martínez (El Chino) menoscaba la lucha contra el narcotráfico y envía una señal negativa a la sociedad. Y como colofón agrega que la magistrada había sido recusada en dos ocasiones para conocer un recurso elevado por el imputado. Sin embargo, el representante del Ministerio Público no alude al fundamento de la sentencia  que tanta irritación le ha causado. La magistrada, en una evidente muestra de valor y justicia, tomó la decisión porque ya se habían cumplido los 12 meses de prisión como medida de coerción de un caso declarado complejo. Cordero Martínez llevaba  18 meses en prisión.  Si en ese tiempo el Ministerio Público no pudo aportar las pruebas que sustentaban el expediente, es obvio que el papel del juez no es otro que aplicar la ley. ¿O es que acaso las decisiones de los jueces deben subordinarse a las directrices del Poder Ejecutivo? La respuesta debe darla el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán.

Mercado en pánico

El pánico se ha apoderado de los comerciantes del mercado de Villas Agrícolas frente a la creciente ola de atracos y asaltos a mano armada. Según el presidente de la Federación de Asociaciones de Comerciantes, Luis Taveras, las víctimas son tanto los dueños de establecimientos como los compradores, pero además los residentes en barrios aledaños.  Es obvio que a causa de la inseguridad y el desasosiego las ventas se han reducido a su mínima expresión. La bonita es que el mercado cuenta con un cuartel de la Policía, pero solo con tres agentes, que, por más que quieran, es muy poco lo que pueden hacer para garantizar la seguridad.  El problema es tan grave que en estos días dos personas han muerto en atracos a mano armada en el sector. Taveras consideró que en un centro de acopio que moviliza alrededor de 200 millones de pesos diariamente tiene que disponer de mayor vigilancia policial. Si es así, las autoridades tienen que prestar atención a un drama altamente preocuante.