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Tenía que ser un préstamo bueno, aunque también haya que pagarlo, el que tuviera que caerse en el Senado por falta de quórum. Los legisladores peledeístas, que tanto satanizaron en el pasado la política de endeudamiento, no han tenido el menor reparo en aprobar cuántoss créditos han sido sometidos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, uno de 70 millones de dólares  concedidos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la política social del Gobierno tuvo que ser aplazado porque los senadores no se tomaron la molestia ni siquiera de asistir a la sesión a levantar las manos. La presidenta en funciones de la Cámara Alta, Cristina Lizardo, convocó para el cuatro de enero. El fracaso de la sesión por falta de quórum no deja de ser sintomático. Es posible que sea la primera vez que ocurre, además de contrastar con los irritantes privilegios de que gozan los senadores. Aparte del sueldo y múltiples ingresos, cumplen hasta funciones sociales financiadas por el contribuyente. Y todo sin ejercer una de sus principales labores como la fiscalización del gasto público y el estricto cumplimiento de las leyes. Quizás entendieron que con el clientelismo que fomentan no hay necesidad de préstamos para la política social del Gobierno.

Ingresos detallados

El rey Juan Carlos, de España, no está obligado legalmente a rendir cuentas. Al hacerlo, ofrece, sin embargo,  un ejemplo de transparencia que a su vez plantea un mensaje para la clase política. No importa que la coyuntura esté relacionada con el escándalo de corrupción que involucra al duque de Palma, Iñaki Undargarin, consorte de su hija, la infanta Cristina. Como se trata de fondos públicos es justo reconocer que representan un noble gesto los detalles ofrecidos por el Rey sobre los 8.4 millones de euros del presupuesto de la corona. Con los 292,000 euros al año, el monarca tiene un sueldo cuatro veces superior al del presidente del Gobierno. El príncipe Felipe cobra 186, y la reina Sofía, las infantas y la princesa Letizia se reparten 375 mil. En países como República Dominicana, donde se desconocen los sueldos de los funcionarios y los gastos personales en que incurren con cargo al erario, las cuentas del Rey de España deberían convertirse en un ejemplo de transparencia del gasto público.