Ley de Partidos Una decepción

Después de tantos años bailoteando, lo menos que podía esperarse era la aprobación de un proyecto de ley de partidos políticos que no llenara las expectativas.

La pieza, sancionada en dos lecturas consecutivas por la Cámara de Diputados obvió el consenso con la exclusión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), que las encuestas sitúan como la segunda fuerza política.

Pero además de la ausencia de consenso, el proyecto carece de transparencia en torno a la procedencia de los recursos que partidos y candidatos invierten en los procesos electorales.

La amplia mayoría con que se aprobó en segunda lectura (116-29) no recoge el sentir de la población, que esperaba una pieza que sentara las bases para un debate electoral menos atropellante, en que los recursos no prevalezcan sobre los discursos y la trayectoria de los postulantes.

Lo que se ha sancionado parece más un adefesio que una pieza llamada a adecentar los costosos y opacos procesos electorales. Al no divulgarse los nombres de los donantes, como manda la transparencia, se deja abierta una ventana para la penetración del narcotráfico y el uso de los recursos públicos. Y sin esperanza de que el Senado haga las correcciones de lugar.

Costos laborales

El economista Arturo Martínez Moya hace un interesante análisis, digno de tomarse en cuenta para desatascar el diálogo en torno al incremento del salario mínimo.

Plantea que la base sea el costo laboral, que no es igual al de las empresas ni a la inflación acumulada. También es ponderable otra propuesta que hace el presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera (AIEH), Antonio Taveras Guzmán, para avanzar en un proceso que ha caído en una especie de punto muerto, porque el diálogo se ha convertido en un pulso entre representantes de los trabajadores y de los empresarios.

Taveras Guzmán ha apelado al proyecto de ley de clasificación empresarial. Los empresarios saben que mejores salarios incrementa el poder de compra, dinamizan el mercado y benefician a las compañías.

El problema se presenta en los costos laborales. Ese es el punto donde, al parecer, debe centrarse la discusión para convertir en realidad un aumento salarial en que todos se beneficien y nadie se perjudique que debió efectuarse en enero.