Debate jurídico Atiza reforma

El Tribunal Constitucional tendrá, a fin de cuentas, la última palabra. Pero argumentos de juristas tan sopesados como Eduardo Jorge Prats y Julio Cury fortalecen el criterio externado por otros profesionales del Derecho de que para reformar la Carta Magna solo se requiere de mayoría simple. Aunque el escollo que haya encontrado la revisión sea más político que jurídico, el debate sobre el proceso no ha dejado de intrigar a la opinión pública.

Jorge Prats, quien fue uno de los participantes en la elaboración de la actual Carta, precisó que se trata de una ley especial “que se aprueba con mayoría ordinaria, pero que tiene la especialidad de que no puede ser observada, que su iniciativa no puede partir de un legislador, sino de un tercio de los representantes de cada cámara y que tiene un contenido definido por la propia Constitución”.

Cury señaló, por su parte, que leyes orgánicas son las que, por su particular relieve, completan la Constitución. “Por ser la Constitución un texto inacabado que deja abierto temas capitales”, apuntó, “delega la tarea de completarlos al legislador ordinario mediante mayoría reforzada”. El peso de los argumentos puede servir para apartar el debate de lo jurídico y avanzar en lo político, que es donde el proceso se ha trabado.

Culpa de burocracia

Los maestros y alumnos que cursan la carrera magisterial en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, adscrito al Ministerio de Educación, han paralizado la docencia por atrasos en las remuneraciones que datan desde enero de este año. El director del centro, Julio Sánchez Ramírez, ha pedido a los huelguistas que se reintegren a sus labores con la promesa de que en dos semanas se resolverán los problemas, que ha atribuido a obstáculos burocráticos.

Los pretextos son difíciles de asimilar con los recursos con que cuenta la cartera y el empeño que ha puesto el presidente Danilo Medina para mejorar la calidad de la enseñanza. Tal parece que se está ante un caso de negligencia que es necesario investigar para establecer las debidas responsabilidades. Es inconcebible que maestros y estudiantes de una entidad de Educación tengan que suspender la docencia por atrasos, no por un par de semanas, sino meses, en los pagos a los maestros contratados.