La tensión se ha recrudecido en Venezuela, a tal punto que está en veremos la instalación de la nueva Asamblea Nacional, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspende la victoria, en lo que se investiga el caso, de tres de los 112 parlamentarios que obtuvo la oposición.

Sin embargo, tras calificarla de “írrita”, la alianza opositora desconoce la polémica sentencia al advertir que el martes próximo se juramentarán los 112 legisladores que ganó en las urnas.

Basado en la comisión de supuestas irregularidades que incluyen la compra de votos, el fallo valida las impugnaciones elevadas por el Partido Socialista Unido de Venezuela para mutilar la voluntad popular.

En el “golpe judicial” se incluye, como para guardar las apariencias, la suspensión de un cuarto asambleísta perteneciente al oficialismo.

La decisión contra legisladores electos del estado de Amazonas, uno de los más pobres y despoblados de Venezuela, corona las maniobras del oficialismo para boicotear la instalación o mermar la capacidad de la nueva Asamblea Nacional.

Tras conocerse los resultados de las elecciones del 6 de diciembre, una de las primeras decisiones anunciadas por el Gobierno fue la instalación en la Asamblea de un “parlamento comunal” para defender al pueblo.