Declaración jurada

Sacar cuerpo

La Procuraduría General de la República no ha querido cargar con la culpas a propósito de la impunidad de los 1,277 funcionarios que no cumplieron con la declaración jurada de bienes. Pero no se ha defendido de la mejor manera.

Laura Guerrero Pelletier, procuradora anticorrupción, aclaró que de todos no hay ningún caso que amerite ser investigado, porque no se ha detectado enriquecimiento ilícito “sino simples faltas disciplinarias en lo que el Ministerio Público no tiene competencia”. Tal vez sin proponérselo incurrió en un juicio de valor.

Tras minimizar la borrasca, la procuradora se explayó en explicaciones generales, que no se tiene claro si se corresponden con los expedientes. Su misión se limita a los casos en que el funcionario salga o sea removido del cargo sin presentar la declaración en el tiempo que estipula la Ley 311 o cuando hay una denuncia, una querella o un rumor público. A quien compete comprobar la veracidad de la información contenida en las declaraciones juradas y controlar su presentación es a la Cámara de Cuentas.

Pero resultaría inaceptable que la entidad que preside Licelot Marte de Barrios desconozca sus atribuciones al remitir a la Procuraduría casos que son de su competencia. ¿Será que alguien escurre el bulto o saca el cuerpo?