RADAR

La universidad que el Gobierno ha construido en Haití ni la cruzada para que la comunidad internacional ayude a la nación han evitado que al país se le acuse de vulnerar los derechos de los descendientes de haitianos. Ultimamente el periódico inglés “The Economist”y el canadiense “The Globe and Mail” han dado cuenta a través de reportajes y editoriales sobre la supuesta discriminación de que son víctimas dominicanos de ascendencia haitiana. Aunque tanto el canciller Carlos Morales Troncoso como el embajador en Washington, Aníbal de Castro, han refutado las opiniones de los medios, de todas formas la imagen del país no queda bien parada. Tras definir de armoniosas las relaciones con Haití, que en honor a la verdad no es lo que está en juego, Morales Troncoso aclaró que la anulación futura de documentos del registro civil, en modo alguno viola los convenios en materia de derechos humanos suscritos por República Dominicana. El caso es conflictivo. Al país, como alega Morales Troncoso, no se le ha pedido que cargue con el peso humano y económico de las penurias haitianas, sino que respete los derechos de los inmigrantes y los descendientes de haitianos. Sin reconocer las publicitadas acciones del Gobierno.

El plantón de Hubieres

El empresario del transporte y diputado Juan Hubieres contribuye a afectar más su imagen con sus actos de soberbia. No compareció ante la citación del Ministerio de Medio Ambiente porque no le dio la gana y no, como ha tratado de justificarse, porque no lo hayan citado. El procurador de la entidad, Andrés Chalas, demostró que Hubieres fue citado en su despacho de la Cámara de Diputados mediante el acto de alguacil número 1030. El abogado Tomás Castro había justificado el desplante del legislador alegando que no había sido formalmente citado por por Medio Ambiente para interrogarlo sobre la destrucción de áreas protegidas en el sector Los Farallones, próximo a la avenida Ecológica, de Santo Domingo Este. Si en algún momento se le consideró una víctima, sin duda que deja de serlo con sus desaires a las autoridades. Su actitud contradice su discurso sobre la ley y el orden, por encima de la cual no debe considerarse él ni ninguna otra persona.