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Complicidad

Crimen ecología

No ha sido otro que el fiscal de Constanza, Fernando Quezada, quien ha implicado a las propias autoridades en las depredaciones del parque nacional Valle Nuevo. No es un secreto para nadie que en la zona, donde nacen ríos como el Yaque del Norte y el Yaque del Sur, se cometan delitos ambientales sin sanción y que muchas obras cuenten con aval público. Puso de ejemplo que el Rancho Guaraguao, ubicado en un área protegida como el parque Juan Bautista Pérez Rancier, se levantó sin licencia ambiental, a pesar de que hay obras eléctricas que se levantaron con aparente autorización de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Ednorte).

Para más, reveló que el Banco Agrícola financia a agricultores de zonas protegidas y que el Instituto Agrario Dominicano (IAD) ha realizado asentamientos en predios que son parte de cuencas hidrográficas.

Las revelaciones no pueden ser más graves y comprometedoras, dignas de que se proceda conforme a la ley. Pero que lo denuncie nada menos que el encargado de perseguir los delitos no denota más que frustración e impotencia. Al parecer, a lo más que pudo llegar Quezada fue a paralizar la construcción de una carretera, desmontes de bosques y colocación de cables de alta tensión.