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El Residencial El Progreso, compuesto de 180 apartamentos de lujo construido por el Gobierno a un costo de 1,300 millones de pesos, ha vuelto a la palestra como objeto de conflicto. El expresidente del Colegio Dominicano de Abogados, Fernando Hernández Díaz, ha reclamado al procurador general de la República y a la presidenta de la Cámara de Cuentas que investiguen la enajenación de los terrenos donde se levantó el proyecto. Y los argumentos que expone en verdad ameritan de una exhaustiva pesquisa. Alega que de manera grotesta y violatoria de la ley los negociadores del Colegio de Abogados y del Gobierno acordaron intercambiar unos terrenos valorados en 600 millones de pesos por otros que no cuestan más de 5 millones. En los terrenos de la Luperón, permutado por el Gobierno, operaba el club de los abogados. Hernández Día sostiene que la operación fue un vil engaño que tiene que aclararse, además de evitarse que “unos cuantos vivos” del gremio resulten premiados con apartamentos a cambio de la transacción. La debinió como un despojo contra el Colegio de Abogados. Por lo mucho que el residencial ha dado de qué hablar, la verdad es que se deben despejar todas las suspicacias al respecto.

Casos de corrupción

De lo más interesante se ha puesto la polémica sobre la corrupción en 2011. Mientras instancias oficiales alegan que las denuncias y los casos disminuyeron, el coordinador de Participación Ciudadana, Shamir Isa, aduce que no hubo avances. Sin sometimientos ni acciones contundentes es difícil para el Gobierno defender su política contra el cáncer de la corrupción pública. El asunto no está en declaraciones ni en la misma aprobación de leyes o la emisión de decretos y resoluciones que en la práctica seconvierten en letra muerta. La revelación de la Cámara de Cuentas sobre las decenas de cuentas extrapresupuestarias en el sector público es un ingrediente alarmante. Las autoridades se molestan y etiquetan, como una forma de desautorización, tanto a Participación Ciudadana como a todo el que señale la corrupción como una de las lacras que mina el sector público. Pero antes que molestarse mejor sería exhibir casos concretos sobre la lucha contra el mal.