Plazo a Procuraduría
Sobre cárceles
Si no es un precedente, el Tribunal Constitucional ha hecho historia con la sentencia que obliga a la Procuraduría General de la República a mejorar las condiciones de los presos en el Centro de Detención y Penitenciario del Palacio de Justicia y el de La Caleta, en La Romana. La sentencia fue emitida el 17 de diciembre de 2016, pero el caso ha vuelto a la palestra con la extensión del plazo por 180 días más que consiguió el Ministerio Público para cumplir el mandato.
El fallo, emitido sobre una acción de amparo interpuesta por la Oficina de Defensa Pública, ordena descongestionar y eliminar el estado de hacinamiento de los presos preventivos, proveerlos de alimentos por lo menos dos veces al día, de colchones y productos para el aseo personal y destinar el espacio para la construcción de otro baño.
El alcance del fallo va mucho más allá, porque las condiciones de los presos de La Romana son comunes a todos los centros penitenciarios.
En un abierto cuestionamiento al sistema penitenciario, la sentencia notificada por el tribunal que preside el doctor Milton Ray Guevara al jefe del Ministerio Público, Jean Alain Rodríguez, consigna hasta un levantamiento de los presos a los que no se les han conocido medidas de coerción. Una decisión así no se había visto.

