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Drama cárceles

 

A pesar de la sentencia del 17 de diciembre de 2016 del Tribunal Constitucional que ordenó a la Procuraduría General de la República mejorar las condiciones de dos cárceles de La Romana, tal parece que es muy poco lo que se ha hecho, si es que se ha hecho algo, para humanizar los recintos.

La realidad es que la corte había otorgado en principio un plazo de 30 días, que a solicitud del Ministerio Público amplió a 180 para descongestionar y eliminar el hacinamiento de los presos preventivos de La Caleta y del Palacio de Justicia.

La sentencia también ordenaba proveer de alimentos por lo menos dos veces al día a los reclusos, así como de colchones, productos para el aseo personal y habilitar un espacio para el baño.

Se supone que el mandato no era exclusivo para los reclusos de La Romana, sino para todos los que están en las mismas condiciones en las diferentes cárceles del país.

Sin embargo, un informe de la Oficina Nacional de Defensa Pública describe un cuadro desgarrador sobre las prisiones de La Victoria, Montecristi, Azua y otras. Señala que en 2016 el 30% de los 8,234 que había en el penal de La Victoria tenía que dormir en el suelo, los baños y en otros espacios.

El drama es común a otras penitenciarías igualmente superpobladas, que no proporcionan ni siquiera las condiciones mínimas a los reclusos. Sin hablar de las trabas burocráticas que dilatan los procesos judiciales. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre las cárceles de La Romana solo ha servido, por lo visto, para que conste en acta.

El Nacional

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