RADAR

De haber sido periodistas, pintores, artistas, escritores, excombatientes constitucionalistas o contar con algún tipo de influencia los ancianos que dejaron sus vidas en los bateyes no estuvieran pasando las de Caín por una pensión miserable. La hubieran recibido sin siquiera gestionarla. E incluso privilegiada, sin importar que se transgreda la Ley de Seguridad Social o, como en muchos casos, sin haber dado un golpe en el sector público. Pero tratándose de una masa humana sin nombre ni apellido, los trabajadores cañeros, la mayoría de los cuales anda hasta con los recibos de los aportes al Instituto Dominicano de Seguro Social (IDSS), tienen que montar una vigilia para reclamar sus derechos. El espectáculo no deja de ser deprimente, pero las autoridades no se conduelen. Tan solitarios están en sus reclamos que ni siquiera la mediática claque sindical les ha dado apoyo a envejecientes enfermos. Quizás el fracaso de los antiguos trabajadores ha estado en la dignidad de reclamar sus derechos y no dádivas. Las narraciones son desgarradoras, pero no, por lo visto, como para motivar la intervención de las autoridades para corregir el drama de infelices que son la expresión más auténtica de la injusticia social.

Libertad conflictiva

La puesta en libertad de un hombre acusado de la muerte a tiros de un mecánico  y de herir a la esposa provocó una encendida protesta de residentes en el sector Cachimán, de Villa Mella. No conciben cómo Luis Alberto de la Cruz Almánzar pudo ser absuelto por insuficiencia de pruebas cuando fue identificado en pleno tribunal por la señora Eridania Burgos como la persona que mató a su esposo José Antonio Ferreira y la hirió de un balazo en la boca. La impotencia y la indignación hicieron que los vecinos se movilizaran contra una sentencia que vuelve a cuestionar el sistema judicial.  La viuda de Ferreira denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades, que atribuyó al Ministerio Público. El proceso judicial amerita de una investigación para poner las cosas en su lugar. Porque no puede ser que un acusado de homicidio pueda obtener su libertad, por supuestas irregularidades procedimentales, por falta de pruebas. Se trata de una situación que tiene que aclararse.