Múltiples conflictos, algunos de los cuales sobre el tapete, demandan más supervisión de las operaciones financieras de las Alcaldías, más ahora que varios representantes se han reunido para exponer la necesidad de más recursos.

El alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, está en el centro de una gresca judicial con diferentes organizaciones comunitarias que lo acusan de dilapidar más de dos millones de dólares aportados por la minera Barrick Pueblo Viejo. El de La Caleta ha sido demandado por supuestamente incumplir con el presupuesto participativo y otro, como el de Hato Mayor, ha sido condenado por los tribunales a acatar la Ley de Acceso a la Información Pública.

Escándalos de los que se responsabiliza a los alcaldes de San Francisco de Macorís, La Vega, San Cristóbal y La Romana han quedado sin aclarar por la justicia.

El cumplimiento de la ley que consigna un 10 por ciento del Presupuesto para los Ayuntamientos en modo alguno puede convertirse en un cheque en blanco. Los alcaldes, por más enquistados que estén en el poder político, tienen que rendir cuentas de cada peso. Para asegurar mayor transparencia la supervisión de las autoridades es fundamental.