RADAR

Estados Unidos y la Unión Europea han mostrado un particular interés en el balotaje del 20 de marzo en Haití, al cual parece supeditado el desembolso de la ayuda comprometida por la comunidad internacional para la reconstrucción de la devastada nación. El interés, que ha llegado al grado de la intromisión, también denota preocupación por los eventuales amarres en torno a la disputa entre la exprimera dama Mirlande Manigat y el cantante Michel Martelly. Algo extraño se mueve cuando una comisión del Club de Madrid compuesta por el expresidente del Gobierno español Felipe González y el exprimer ministro francés Lionel Jospin y el expresidente estadounidense Bill Clinton  coinciden en Haití para hablar con los candidatos sobre el desarrollo del proceso electoral. ¿Cuál es la preocupación de la comunidad internacional? Esa es la cuestión. Pero de que la tiene, la tiene. Más que para conocer sus ofertas, la entrevista por separado de Clinton con los dos candidatos pudo ser para poner condiciones. La comunidad internacional había amenazado al Gobierno haitiano con suspender la ayuda de no retirar el candidato oficialista Jude Celestin de la contienda para la segunda vuelta bajo el alegato de que había ganado con fraude.

Contrato objetable

La chapucería que ha denunciado  el economista y exgobernador del Banco Central, Bernardo Vega, sobre el contrato para la presa de Monte Grande, Barahona, es digna de un juicio público al Senado. De acuerdo con el también exembajador en Estados Unidos, el contrato, por 354 millones de dólares, no especifica quién prestará el dinero, la tasa de interés ni el plazo para pagarlo. Aún así, el Senado, que se supone debe velar por la transparencia y los intereses nacionales, lo aprobó sin objeción alguna. Con esa decisión el cuerpo legislativo no sólo desdice de sus funciones, sino que presta un flaco servicio al fortalecimiento del sistema institucional. El chantaje no  puede erigirse en pretexto para no transparentar un contrato suspicaz. El sur necesita la presa de Monte Grande, pero la construcción de la obra tiene que basarse en las leyes. Ya antes el senador por La Vega, Euclides Sánchez, había censurado que se iniciaran obras sin que se establecieran la procedencia de los recursos.