RADAR

El jefe de la Policía, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, acaba de dar uno de los pasos más trascendentales en el proceso de depuración de ese cuerpo al disponer que los oficiales superiores presenten una declaración jurada de sus bienes. Se supone que la declaración no se limita única y exclusivamente a cuantificar el patrimonio, sino que, para despejar dudas, también aclara la procedencia. Según Guzmán Fermín todos los oficiales, desde mayor hasta el rango más elevado, tienen un plazo de 15 días, so pena de sanciones, para hacer sus declaraciones juradas. Con las acusaciones y sospechas contra agentes de la Policía por supuesto enriquecimiento ilícito a través de la corrupción, la decisión de Guzmán Fermín contribuye a restaurar la imagen del cuerpo bajo su mando. Por su delicada misión los agentes son muy vulnerables a las tentaciones, por lo que tienen que cuidarse mucho para no despertar desconfianza en la población. Cabe esperar que la misma decisión se adopte en todo el sector público. La medida de Guzmán Fermín, además de saludable, equilibra los movimientos que han implicado la puesta en retiro de varios generales y la promoción de otros oficiales.

Letra muerta

Cuesta aceptar que a estas alturas la exigida Ley General de Electricidad, que se enarboló como la salida para regular el caótico sistema, todavía no se aplique. Y peor aún si son de tipo político las razones por las cuales según el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (Anje), Miguel Antonio Roig, se ha engavetado la importante legislación. La verdad es que sorprende que no se haya querido poner en vigencia, que es lo que se ha dado, una ley que fue tan cacareada por diferentes sectores. Con un servicio eléctrico de mal en peor desconsuela que, conforme al empresario, la salida de la crisis no se explore a través de las vías institucionales. Una ley que no se aplica es como si no existiera, aparte de las negativas consecuencias que la situación entraña para la tranquilidad y la inversión. Bajo el actual esquema cargan bastante pesado los usuarios que cumplen con el pago del servicio, pues son los que en definitiva subvencionan a quienes se lo roban o se lo regalan.