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Está por verse si el  vicepresidente Rafael Alburquerque promoverá que se aumente los impuestos, como se comprometió durante un encuentro en El Salvador, para destinar el 5.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a Educación. Resulta irónico, por demás, que un funcionario que ha justificado de todas formas el ridículo 1.98  del PIB que el Gobierno asigna a la enseñanza, se comprometiera a luchar, no por el 4 que reclaman diferentes sectores, sino por un 5.5 por ciento. La violación del 4 por ciento que consigna la ley, que ha movilizado a maestros y diferentes sectores que consideran fundamental el papel de la educación en el proceso de desarrollo, constituye la primera prueba para el compromiso asumido por el vicepresidente de la República. Es como el 7 por ciento para la enseñanza que suscribió el presidente Leonel Fernández durante una cumbre como en la que participó el vicepresidente Alburquerque. Compromisos que se quedan en el aire sólo confirman que encuentros y declaraciones internacionales son mero protocolo, que en la práctica no tienen la menor aplicación. Nadie espera ver por aquí al vicepresidente Alburquerque encabezando una cruzada para que se destine el 5.5 por ciento a educación.

Claman su tajada

Transportistas a los que se relaciona de distintas formas con el Gobierno reclaman su tajada por los compromisos a que han arribado. Alfredo Pulinario y Arsenio Quevedo, asesores del Poder Ejecutivo, así como Antonio Marte han solicitado al Gobierno congelar los precios de los carburantes hasta que se cumplan los acuerdos de julio de 2008 y de enero de este año. Por la demora en darles lo suyo los funcionarios y empresarios han recordado que las alzas en los precios de los carburantes genera pérdidas a los chóferes. Tras el último acuerdo los transportistas garantizaron que no habría aumento en los pasajes, pero los chóferes se burlaron de su promesa al elevar la tarifa desde el mismo momento. En los acuerdos el Gobierno se comprometió a modificar la Ley de Hidrocarburos, crear planes de viviendas para los chóferes e incluirlos en el sistema de Seguridad Social, además de someter al Congreso un proyecto para crear la Autoridad Única del Transporte. Pero todavía nada.