La expectativa de cambio en la Administración Pública, una vieja tradición en la nación, ha vuelto a ganar interés en la población con motivo de la efeméride de la Independencia Nacional que se celebra el domingo próximo. Figuras como monseñor Agripino Núñez Collado y Marino Vinicio Castillo se han sumado a la corriente que favorece cambios en el gabinete, aunque no especificaron áreas ni dirección. Sin embargo, más que cambios, siempre de personas y no de políticas, el interés debería centrarse y fomentarse en los ideales independentistas. La discusión debería orientarse a determinar si la clase política ha cumplido con el ideal de los padres de la patria y el pueblo es digno del legado de éstos. Si se ha respetado la soberanía, la libertad y la justicia social con que soñaron Duarte, Sánchez y Mella. Cambiar una persona por otra no responde las múltiples interrogantes sobre los 167 años de independencia tras el histórico trabucazo del prócer Matías Ramón Mella el 27 de febrero de 1844 que marcó la separación de la República de Haití. Pero si ha de hablarse de cambios, lo preferible es que sea de políticas y no de personas para romper con el círculo vicioso. Conforme a sus estadísticas el presidente Leonel Fernández no tiene razones para remenear la mata.
.Suspicacia en libertad
Cabe esperar que no quede ningún cabo suelto en la investigación dispuesta por el fiscal del Distrito Nacional sobre la liberación de los integrantes de una supuesta pandilla de asaltantes que operaba en la autopista Las Américas. Las víctimas eran pasajeros que llegaban o se dirigían al aeropuerto Las Américas. Los fiscales adjuntos Héctor Romero Pérez y Caris Keyla Peña Cordero dejaron en libertad, sin formular cargos, contra supuestos integrantes de la pandilla detenidos por la Policía. El escándalo ha determinado que el fiscal Alejandro Moscoso Segarra recomendara la suspensión de Romero Pérez y de Peña Cordero y dispusiera una investigación. Pero la pesquisa debe realizarse con garantía de que se establecerán responsabilidades, sin ocultar ningún detalle. No puede tratarse de una de las habituales salidas oficiales para aplacar la indignación de la opinión pública por decisiones que dejan mucho que desear. La libertad de los supuestos pandilleros debe aclararse.

