RADAR

El superintendente de Pensiones,  arquitecto Joaquín Gerónimo, ha revelado que de todas las instituciones  oficiales que  manejan planes de pensiones y jubilaciones, solo  el Banco Central y el Banco de Reservas han cumplido con  los requisitos para ajustarse  a la ley 87-07  sobre  el nuevo  sistema de Seguridad Social y poder registrarse en esa dependencia. Resulta que  esos planes, entre los que se incluyen los fondos de pensiones de las Fuerzas Armadas, Superintendencia de Bancos, del Poder Judicial y del Congreso, no están  ajustados a ningún tipo de regulación ni control externo y, por tanto, nadie sabe cómo y de qué manera se otorgan esas jugosas pensiones que han  indignado a la ciudadanía. Lo peor de todo es que  los recursos que  administran esos planes se alimentan con dinero proveniente  del erario, o sea de las costillas de los contribuyentes, por lo que, con toda razón,  el arquitecto Gerónimo advierte que erosionan las finanzas públicas. Es muy fácil, pero poco ético repartirse fondos  que contienen partidas públicas, pero es también inaceptable que esos planes  de pensiones y jubilaciones operen sin control de la entidad señalada por la ley, que es la Superintendencia de Pensiones. Un desorden que irrita e indigna.

Trasiego de combustibles

El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (Cecom) incautó en Bayahibe, La Romana,  dos mil 500 galones de gasoil, que se comercializarían irregularmente en la zona este, lo que refleja claramente el desorden que prevalece en  el mercado interno de combustibles, distorsionado por este tipo de práctica desleal que las autoridades atribuyen a particulares. El Gobierno otorga unos  once mil millones de pesos en exoneraciones para la importación y consumo de  diversos tipos de combustibles, un tipo de gasto tributario que al parecer carece de control efectivo. Detallistas de gasolina y empresas distribuidoras han denunciado el comercio ilegal de combustibles, que incluye un trasiego de las cuotas que se importan sin pago de arancel o impuestos selectivos. Se trata de un negocio millonario que ha distorsionado el mercado de combustibles y que las autoridades están en obligación de enfrentar, al menos para evitar que una mafia bien organizada queme los once mil millones que el fisco deja de percibir  al ofrecer  exenciones y exoneraciones para la importación de  gasoil y gasolina.