RADAR

Encontrar una guagua de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) varada en cualquier calle no es ninguna novedad. Tampoco debería serlo que por cada unidad la entidad cuente con 27 empleados. Por más alarmante que resulte. Sin embargo, tratándose de un servicio tan precario y costoso la indignación es inaguantable. Si la Omsa está impedida de brindar un mejor servicio a los usuarios no es por falta de recursos, sino por el exceso de gastos. Es lo que explica que con 137 unidades, en su nómina de 3,659 empleados, figuren  758 conductores, 713 cajeros a bordo y decenas de choferes de planta. La nómina mensual de la entidad es de nada menos y nada más que 39,287,899 pesos mensuales. Llama la atención que mientras miles de usuarios sufren las de Caín con un sistema de transporte en extremo deficiente, la OMSA cuenta hasta con una unidad de protocolo que dispone de 11 empleados, incluyendo un chef y un maestro de ceremonias, sin mencionar a 116 lavadores y 32 supervisores de esa labor. Y como guinda se ha denunciado vicios en perjuicio del Estado en los concursos para adquirir una flotilla de 300 autobuses a gas natural para abaratar el costo de operación y mejorar el servicio a los usuarios.

Grave denuncia

No por surgir en el marco de la campaña electoral pierde importancia la denuncia de peledeístas tránsfugas sobre supuestas irregularidades con la tarjeta Solidaridad. Al pasar a respaldar la candidatura de Hipólito Mejía, peledeístas de Bonao denunciaron que el programa social es discriminatorio, señalando que una sola persona ha sido favorecido hasta con 25 tarjetas. La denuncia de los expeledeístas, que se supone cuentan con pruebas, no es para quedar en el aire. Tiene que investigarse y, de confirmarse, sancionarse a los responsables. Solidaridad es un programa social, concebido para beneficiar a las personas más necesitadas.  Las irregularidades con la distribución de la tarjeta conectan con denuncias de politización del programa.  Tratándose de un proyecto que se ejecuta con recursos internacionales debe revestirse de la mayor transparencia para evitar sospechas. En diferentes ocasiones se ha denunciado la politización del programa social.