RADAR

La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene una intensa campaña publicitaria que invita a ahorrar energía. Esa campaña está bien concebida y bien enfocada, pues racionar el consumo de electricidad abre la posibilidad de mejorar el servicio y economizar divisas. Sin embargo, acatar el mensaje tiene sus grandes riesgos para los usuarios, que de inmediato se convierten en sospechosos de fraude, exponiéndose a notificaciones, odiosas superviones y aparatosas revisiones y cambio de contadores por otros que, por la velocidad con que operan, han sido bautizados como Félix Sánchez. Cualquiera se puede imaginar. Además del inconveniente de que los inspectores de las comercializadoras penetren a los hogares con el pretexto de verificar cualquier simpleza. Todo por entender que se debe bajar el consumo no sólo para economizar energía sino para adecuar las altas facturaciones. ¿Qué sentido tiene entonces llamar a la población a que utilice bombillas de bajo consumo y a que no desperdicie la energía eléctrica? Por la represalia que implica es preferible el derroche de energía, y más cuando los pesitos que se economizan no compensan los malos ratos que se sufren. Palo si boga y palo si noga. Así es el asunto.

Deuda en alza

En momento en que el Gobierno recurrió a un préstamo por 287 millones de dólares para pagar a los generadores, la Federación Dominicana de Cámaras de Comercio (Fedocámaras) expresó preocupación por el incremento de la deuda pública. El Gobierno ha defendido su política de endeudamiento bajo el alegato, en algunos casos, de que no incrementan los compromisos.  De haber más austeridad y racionalidad en el gasto no existiera la preocupación que manifiestan diferentes sectores. Los préstamos significan un respiro para el presente, pero, como se ha visto, una pesadilla para el futuro inmediato. De acuerdo con Fedocámaras el servicio por el monto de la deuda representa para este año un 27.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a 68,136 millones de pesos. La entidad insiste en un marco legal que defina la composición, dirección, manejo y tope de la deuda pública. Si no se busca una salida llegará el momento en que será impagable.