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Más que   garantizar el orden público, se trata de una mala jugada  la intervención del Gobierno con recursos y un inaudito despliegue policial en torno al local donde serían juzgados varios dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Se utilizaron las vallas con que suelen blindarse las actividades del Presidente de la República, se desvío el tránsito por las calles aledañas a la Churchill con Sarasota y se tomaron otras medidas de seguridad con el supuesto propósito de evitar incidentes en el juicio patrocinado por Miguel Vargas contra Hipólito Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.

Tratándose de un asunto interno resulta insólito un excesivo despliegue policial que por demás causó múltiples inconvenientes a los transeúntes. Habría que determinar si el presidente del PRD solicitó la intervención del Gobierno por temor a incidentes durante el juicio disciplinario, que se supone un asunto interno de un partido. Tampoco sería de dudar, pues el uso de la fuerza y la vía de los tribunales han sido una constante desde que estalló la disputa por el control del PRD. Lo censurable ha sido un exceso preventivo que además ha surtido un efecto contrario. No la vigilancia como tal.