RADAR

La razón que tiene el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) al señalar que no es lo mismo que un empresario gaste su dinero como lo desee a que lo haga un funcionario con los fondos públicos amerita de un desglose. Puede ser muy cierto que cada quien haga con lo suyo lo que mejor le parezca, pero el licenciado Manuel Díez Cabral sabe muy bien que existen límites. Aunque esos límites no justifican, de ninguna manera, que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, rechazara las críticas de los empresarios a los gastos del Gobierno sobre la base de la buena vida que les atribuyó. Un resbalón en uno de los funcionarios más prudentes, y peor aún en medio de un inocultable festival de escándalos que ha brotado en el sector oficial. Además de bordear la intolerancia, el Gobierno no es el más indicado para enrostrar al empresariado una dolce vita que, en todo caso, sería con su propio dinero. Pero como las relaciones del Gobierno y los empresarios no se han caracterizado por la transparencia, cualquiera no  sabe ni qué pensar. Mientras, no cabe la menor duda de que Díez Cabral tiene toda la razón del mundo al afirmar que no es lo mismo que un empresario tire su dinero para arriba a que lo haga un funcionario público.

Confianza en debate

La confianza en que el presidente Leonel Fernández ha sustentado los logros sociales y económicos de que se ufana no es la misma que proclama el sector empresarial.  Para empresarios como Ignacio Méndez no se trata de un concepto abstracto, sino de un factor esencial para consolidar el sistema institucional.  Tanto Méndez,  presidente de la Federación de Asociaciones Industriales, como Wadi Cano Acra, de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, consideran que la confianza pasa por la seguridad jurídica, que definieron de esencial para garantizar las inversiones y la creación de empleos. La observación por el presidente Fernández de las normativas del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional ha elevado la confrontación entre el Gobierno y los empresarios. Además de las enmiendas de leyes que habían sido consensuadas, ha caldeado más el ambiente que el Congreso las acogiera en violación del mandato constitucional. ¿O no?