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Las residencias victorianas, que forman parte de la arquitectura y la tradición de Puerto Plata, están en proceso de extinción. De nada han valido las advertencias y esfuerzos para preservar un patrimonio relacionado con la cultura y la historia de República Dominicana. Cada día quedan menos casas victorianas en una ciudad que constituye uno de los principales referentes arquitectónicos de la nación. Ha faltado un programa de mantenimiento pero también voluntad para conservar un patrimonio histórico. La voz de alerta sobre el valor de las construcciones la habían dado hace 33 años  los señores Robert S. Gamble y José Augusto Puig en la obra “La conservación de una ciudad inventario, Puerto Plata: ensayo histórico-aquitectónico”, publicada en 1978. O sea que desde esa época se llama la atención sobre la necesidad de presetar un patrimonio que simboliza la historia y la arquitectura de una ciudad que en una época fue la capital de la industria turística. Las victorianas se caen a pedazos por un abandono que deriva la falta de interés o conocimiento de las autoridades para preservarlas como patrimonio cultural de Puerto Plata.  Es posible que se les vea como casas viejas, sin ningún valor histórico ni cultural.

Lío con subsidio

 El Gobierno tendrá que detallar la asignación  de los tres millones de galones de gasoil subsidiados a los transportistas para transparentar la cuestionada operación. Además de la retención de una proporción se ha denunciado que entelequias afines al Gobierno han sido beneficiadas con el polémico  subsidio.  El subdirector de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, es también de los que se ha quejado por la asignación del carburante. Ha trascendido que además de Quevedo se ha beneficiado con la distribución del carburante a Alfredo Linares, asesor en materia de transporte del presidente Leonel Fernández. Lo irónico del caso es que las principales centrales como los gremios afines al Gobierno coinciden en que Industria y Comercio no les ha asignado la proporción que merecen. Como proliferan las especulaciones, el Gobierno debe  transparentar la proporción a cada uno.