En la medida que permite poner algunos puntos sobre las íes se hace más interesante el debate sobre el actual modelo económico que, con razón, defiende el Banco Central. Que haya que mejorar algunos aspectos para hacerlo más eficiente es comprensible, pero es una irresponsabilidad convertirlo en chivo expiatorio por la incapacidad de las propias autoridades para propiciar una más justa distribución de los ingresos. Tiene razón el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, al defender un esquema que ha garantizado estabilidad y un crecimiento apoteósico de la economía, asi como a reducir la pobreza e incrementar el empleo. Si no es verdad y de lo que se trata es de un engaño, los funcionarios que culpan al modelo de los problemas sociales deben demostrarlo. Pero la verdad es que no se concibe que pueda estar agotado un esquema que hasta el presidente de la República ha citado como un referente para América Latina. Algunos funcionarios, entre los que figura el director de Aduanas, Rafael Camilo, han criticado la lógica defensa de Valdez Albizu del modelo que ha servido de sustento a los logros económicos que suele exhibir el Gobierno. Lo contradictorio no resta, sin embargo, interés a la polémica.
Grave denuncia
El administrador del Banco Agrícola (Bagrícola), Paíno Abreu Collado, acaba de hacer una comprometedora revelación con relación al Sistema de Seguridad Social. Resulta que la entidad paga 4,42 millones de pesos mensuales a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) y que éstas, sin embargo, no cubren ciertos casos de enfermedades catastróficas bajo el régimen contributivo. La responsable denuncia de Abreu Collado es suficiente en sí misma para que se revise un sistema que, es obvio, está plagado de fallas. Se trata a todas luces de una injusticia que los empleados del Bagrícola no reciban los servicios de salud que ameritan por sus aportes y citó el caso de un empleado que se encontró con que su seguro médico no le cubría un trasplante de hígado. Antes que defender a las ARS, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Fernando Caamaño, debe, además de una revisión del sistema, ordenar una investigación sobre los muchos casos que se han denunciado.

