RADAR

Que los profesionales graduados por las diferentes universidades no se correspondan con la demanda del mercado laboral es una tesis polémica. Envuelve muchos factores. Habría que determinar, en primer lugar, cuáles son las necesidades de personal especializado de ese mercado. Se citan carreras que, además de no garantizar la contratación de técnicos o profesionales, también han perdido interés por las duras condiciones, entre las que se encuentran las bajas retribuciones. Si ha habido una avalancha hacia la carrera de Derecho es porque resulta una de las de menos rigor académico y de las más fáciles de ejercer, o para traficar con influencias en una sociedad dominada por esa conducta. El problema no deja de ser un tanto complejo. Hay países, incluso en América Latina, en que los egresados de carreras de distintas universidades tienen al menos la garantía de competir en el mercado laboral. Se trata de un factor que no se verifica en República Dominicana, con todo y que cuenta con centros de mucha reputación. La falta de espacio de muchos profesionales puede que tenga mucho que ver con un sistema en que pesa más la influencia política que la capacidad y la competitividad. Aunque sólo sea un factor.

Mediación de Trabajo

El Ministerio de Trabajo juega un saludable papel  mediador en la crisis que afecta a la Administradora de Riesgos de Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (ARS-UASD). En vez de atizar la hoguera, como se atribuye al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Trabajo promueve fórmulas para superar los problemas con el seguro médico de los empleados de la casa de estudios. El rector de la UASD, Mateo Aquino Febrillet, declaró que está complacido con la intervención del ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, al tiempo de abonar 9 millones de pesos a la deuda de 95 que tiene la academia con su ARS. Pese a la suspensión de la Administradora de Riesgos de Salud, Aquino Febrillet significó que los empleados del centro de estudios no han sido privados de los servicios médicos. Aunque resaltó que en tanto tiene que cumplir con la Ley de Seguridad Social, el Gobierno le adeuda más de 100 mil millones de pesos por violación de la ley.