En sentencias separadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) dispuso la entrega de la casa nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) a su presidente, Miguel Vargas Maldonado, y ordenó el reingreso al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) del senador Amable Aristy Castro y de otros 261 dirigentes, decisiones judiciales a las que la clase política tendrá que acostumbrarse, aunque no resuelvan los conflicto que las originaron.

La entrega del local perredeísta al sector que encabeza Vargas Maldonado no significa ni por asomo que la crisis que destroza a esa organización ha cesado o que salió humo blanco por la chimenea del PRD. Tampoco significa mucho en término de avenencia el fallo del TSE que revocó la expulsión de Aristy Castro y los centenares de reformistas que había decretado la actual dirección del PRSC.

El tribunal electoral podrá evacuar decenas, centenares de sentencias, tantas veces como sea apoderado por personas físicas o jurídicas envueltas en conflictos internos, pero esas crisis partidarias no serán resueltas sin la auténtica voluntad o deseo de los grupos enfrentados por lograr una solución digna y sostenible.

Es claro que las partes que resulten gananciosas por cualquier decisión del Tribunal Superior Electoral no deberían entonar himno de victoria, porque quizás algún fallo de esos, aleja aún más las posibilidades de solución a los pleitos que desangran a esos partidos.