RADAR

El ministro de Agricultura, enzarzado en una disputa con productores agropecuarios, obvió la solemnidad con la politización de la apertura de la XXV versión de la Feria Agropecuaria. Como si se tratara de un acto de campaña proselitista, Salvador Jiménez no se conformó con ponderar los logros que reivindica en el sector, sino que la emprendió contra la gestión del candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Hipólito Mejía. Sin que viniera al caso por tratarse de una ceremonia institucional, no patrocinada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Jiménez acusó a Mejía de haber arruinado el sector agropecuario. Sin embargo, los logros que reivindicó contrastan con las quejas y las denuncias formuladas por productores del agro, quienes alegan que a causa de importaciones patrocinadas por el funcionario, el sector ha colapsado. La feria agropecuaria, que como en otras ocasiones se celebra en la Ciudad Ganadera, es un evento para exponer los avances del sector. La política es un elemento innecesario en un evento que bajo el lema “Energía renovable y alternativa que contribuye a la realidad agropecuaria” reúne a 303 empresas nacionales e internacionales.

Asoma el DPCA

El Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) ha sacado la cabeza. Pero lo ha hecho para acusar a los jueces de empantanar el expediente contra el exgobernador José Lois Malkún y los exfuncionarios del Banco Central Apolinar Veloz y Félix Calvo. Los tres, que sirvieron durante la administración de Hipólito Mejía, fueron descargados en todas las instancias. Sin embargo, expedientes sobre escándalos de corrupción en Edenorte, Bienes Nacionales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Seguro Médico para Maestros (Semma) y otros que se dice han sido engavetados, el director del DPCA, Hotoniel Bonilla, guarda silencio. Se trata de la más reprochable politización de una función tan importante como la de perseguir la corrupción pública. Bonilla debe explicar la razón por la cual no ha dado curso a expedientes de corrupción de la Cámara de Cuentas, al margen del interés que pueda tener en que se procese a exfuncionarios.