Alerta inquietante
El Centro Juan Montalvo, Participación Ciudadana, Foro Ciudadano, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y otras entidades han alertado sobre la incidencia de la narcopolítica, la compra de votos y otras prácticas negativas que la Junta Central Electoral (JCE) debería tomar muy en cuenta para garantizar un ejercicio diáfano.

La transparencia no sólo consiste en contar los votos, sino en evitar que el proceso se contamine a través de acciones que trastornen la voluntad del electorado. La resistencia del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para aprobar la Ley de partidos políticos ha impedido una depuración rigurosa de los candidatos, impedir el uso y abuso de los recursos del Estado y la incidencia del narcotráfico. Aunque el alerta está dirigida al electorado, a fin de que no se deje confundir, la preocupación debe motivar una mayor vigilancia de la JCE. La inmensa mayoría de los votantes no está en capacidad ni condiciones de discernir sobre el valor del sufragio. Avergüenza que a estas alturas se denuncie un escarnio del pasado como la compra de cédulas y que el narcotráfico constituya un peligro para las votaciones. Pero más que para pensar, el alerta es para que se le preste atención.

Zozobra en hacendados

Los hacendados de Monte Plata están en zozobra con las invasiones de fincas y el robo de ganado. Para colmo se quejan de la protección que encuentran los invasores en las autoridades y políticos de la zona. Si es como alega Guillermo Roedán, es deplorable que se aliente o proteja la violación de la propiedad privada con fines políticos. Roedán dice que lleva más de un año impedido por los invasores, a quienes definió como comerciantes, de entrar a una finca suya de más de seis mil tareas. Pero lo más sorprendente le resulta que los ocupantes sean liberados sin ser sometidos por gestiones de políticos. No los identificó pero tiene que saber de quienes se trata. El proceso electoral puede estar influyendo en una práctica que atenta contra el derecho de propiedad. Los ganadores Cesáreo y Pablo Contreras también acusaron a autoridades y políticos de Monte Plata, así como a funcionarios del Instituto Agrario Dominicano (IAD) de proteger a invasores de una finca de uno de ellos. Es inquietante.