La kilométrica fila que desde la madrugada del sábado formaron miles de jóvenes para optar por empleos en la plaza Agora es una señal muy elocuente sobre la magnitud de la desocupación. La empresa, próximo a inaugurarse, no dispone más que de algunas plazas porque ya el gran grueso, sobre todo a nivel ejecutivo, ha sido cubierto. Es posible que entre los solicitantes haya muchos que procuren un cambio o una ocupación adicional, pero la inmensa mayoría anhela salir del desempleo. Entre los solicitantes había muchos profesionales en disposición de realizar cualquier otra actividad que les permita ganarse el sustento. La fila que se formó alrededor de la plaza ubicada en la avenida Abraham Lincoln con John F. Kennedy era tan kilométrica que originó problemas en el tránsito. Muchos conductores reducían la velocidad o se detenían para calibrar de cerca la gran cantidad de personas que, con documentos en las manos, esperaba por una entrevista de trabajo. El hecho de que las plazas no sean especializadas y por tanto no de gran remuneración pone un asterisco sobre el índice del empleo formal en el país. Algunos declararon que estaban dispuestos a lo que sea, porque lo quieren es trabajar para producir algún dinero.
Silencio cómplice
La violación de la ley que consigna un 4% del Presupuesto para Educación es harina de otro costal. Pero no se puede pasar por alto que el Gobierno, según el Foro Socioeducativo, no cumpliera con la partida para la cartera que se aprobó en el Presupuesto de 2011. Y peor aún que tampoco entregara, de acuerdo con la entidad, los 4,300 millones de pesos consignados en el Presupuesto complementario sancionado por el Congreso. Extraña, sin embargo, el silencio frente a una violación tan grave, que además cercena el desarrollo del sistema educativo. El sector empresarial, líderes sociales y religiosos y ni siquiera los candidatos presidenciales han demandado una investigación sobre el destino de las partidas no entregadas a Educación en 2011. Las deficiencias que caracterizan el sistema educativo se agravan con las restricciones presupuestarias. Si el Gobierno no explica las razones de la violación del presupuesto educativo, la sociedad civil debería al menos pronunciarse al respecto.

