América Latina no se ha andado con teorías en la VI Cumbre de la Unión Europea en Madrid al exigir que no se cobre a los inmigrantes el precio de la crisis financiera que se propaga por el viejo continente. Con la cultura de romper siempre por lo más delgado, la advertencia formulada por la presidenta argentina Cristina Fernández a nombre del bloque latinoamericano no podía ser más oportuna. El delito de los inmigrantes, cuya persecución es alentada por los sectores más recalcitrantes, es establecerse en las naciones más desarrolladas para mejorar sus condiciones de vida. Pero ante cualquier conflicto financiero o político terminan siempre, como el eslabón más débil, pagando los platos rotos. En la Declaración de Madrid los bloques regionales se comprometieron a fomentar la protección de los derechos humanos de todos los inmigrantes, además de condenar las prácticas derivadas de la intolerancia y los prejuicios raciales. Pero el asunto no es que la exigencia de América Latina se consignara en un texto, si bien es importante, sino en que no quede como un simple protocolo. Lo más injusto sería que se cobre a extranjeros que reivindican el derecho a la vida el precio de una crisis sobre la que no tienen ninguna responsabilidad.
Cumbre por Haití
La cumbre por Haití convocada por el presidente Leonel Fernández para el 2 de junio tiene razones de mucho peso. En primer lugar hacer que los donantes cumplan sus promesas en favor de la reconstrucción de la vecina República. Bien se sabe que lo que se deja al tiempo, en el tiempo se queda. Pero en segundo lugar el Gobierno quiere evitar que Haití sea abandonado a su suerte, teniendo República Dominicana que cargar con el problema. Se entiende entonces el interés del presidente Fernández en apelar a compromisos como los encuentros internacionales para acelerar la solución a las devastaciones causadas por el terremoto del 12 de enero. La verdad es que las donaciones se han quedado en promesas. Y en otros casos han sido muy tímidas. El objetivo de la cumbre es evaluar la ayuda y gestionar el desembolso de recursos para la reconstrucción de Haití. La iniciativa cuenta con el respaldo de las autoridades haitianas, que también se han quejado de la demora.

