RADAR

Al convivir y compartir con residentes en barrios marginados los sacerdotes son de las voces más autorizadas para exponer el drama que afecta a esos sectores. La labor de los representantes de Cristo en esos sectores no  se queda sólo en el plano pastoral y los consejos a las familias, sino que abarca lo social. Porque flagelos como la violencia, la marginalidad y la falta de empleo son de gran incidencia en la vida cotidiana de barrios tanto de Santo Domingo como del interior. Con la autoridad que les confiere la experiencia, así lo expusieron los sacerdotes Miguel Angel Ciaurriz, Juan de Jesús Jiménez, Abraham Apolinario, Gregorio Santana y Jit Manuel Castillo. El cuadro de los barrios marginados es todavía más dramático debido al cúmulo de enfermedades y escándalos como los alarmantes embarazos de adolescentes. Los religiosos tienen que lidiar con una realidad espantosa, en la que el desempleo en jóvenes y adultos sirve de caldo de cultivo a la violencia y la criminalidad que medra en esos sectores. La exposición debe tomarse como una contribución para examinar programas y elaborar políticas puntuales para abordar el problema de los barrios. Por más que quieren, los sacerdotes no lo pueden hacer todo.

Otro caso ante CIDH

El Gobierno no ha terminado el calvario ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) con la sentencia sobre la desaparición del periodista y profesor universitario Narciso González. Todavía tiene pendiente otro juicio por la muerte de dos personas y la desaparición de otra con relación al secuestro, en 2009, del estudiante Eduardo Antonio Baldera Gómez. El caso fue llevado ante la CIDH tras denunciarse que William de Jesús Batista Checo y Cecilio Díaz fueron ejecutados después de ser entregados vivos y esposados a la Policía. El defensor de los derechos humanos, Rodolfo Valentín, explicó que la Procuraduría General de la República se limitó a cerrar el caso con la expulsión de agentes policiales, sin que hubiera sometimiento por los crímenes. De acuerdo con el informante, República Dominicana corre el riesgo de ser condenada al no establecer responsabilidades contra los implicados en la muerte de los dos reclusos. Sería otro golpe muy fuerte.