RADAR

Los drásticos ajustes presupuestarios introducidos por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero han abortado la larga luna de miel que el Gobierno había mantenido con los sindicatos. España enfrenta ahora la posibilidad de una huelga en protesta por los recortes salariales y la supresión de programas sociales para bajar el déficit fiscal. Después de ser  una de las economías más sólidas, la península ibérica se ha convertido en una de las más débiles de Europa a causa de la crisis financiera  que comenzó en Estados Unidos provocada por los bonos basura. El desempleo ha alcanzado al 20 por ciento de la población y el déficit presupuestario supera el 13 por ciento. Al Gobierno socialista, que había navegado con la corriente a su favor, no le ha quedado más recurso, en parte también presionado por organismos internacionales, que las impopulares medidas que hoy tienen a la población enardecida y  a los sindicatos en pie de lucha. Para el 8 de junio los empleados públicos tienen una protesta que desde ya cuenta en el respaldo de los sindicatos españoles. Una huelga general sería un golpe demoledor para una potencia que tiene en el turismo una de sus principales fuentes generadoras de divisas. El paro sería otro golpe para los socialistas.

Defender resultados

Está bien que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) defienda con firmeza los resultados que le otorgan una amplia victoria en las elecciones del domingo 16. Lo censurable son amenazas como la del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, en el sentido de que el poder no se desafía. Bajo ninguna circunstancia se puede objetar que la oposición recurra a los medios legales para que se aclaren alegatos de supuestas irregularidades ni tampoco que el oficialismo defienda un triunfo que dice consiguió en buena lid. La posición expresada por el secretario de la Presidencia y delegado electoral del PLD, César Pina Toribio, es muy sensata. E incluso hasta la advertencia de que su organización no aceptará otros resultados que no sean los validados por la Junta Central Electoral (JCE). Tranquilizan afirmaciones en el sentido de que el PLD defenderá los resultados de las elecciones con el debido respeto a la Constitución y las leyes. No con los recursos del poder.