Era previsible que el presidente Danilo Medina plantearía la revisión del contrato con la Barrick Gold en su rendición de cuentas con motivo de la Independencia Nacional. La primera señal surgió con la advertencia del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de que no descansaría hasta conseguir la revisión del satanizado convenio.

Hasta la irrupción en el escenario de sectores oficialistas la modificación del contrato había sido una bandera enarbolada por dirigentes de la oposición, algunos de los cuales hoy cercanos al Gobierno.

Si la advertencia de Martínez representó el primer indicio concreto la respuesta del ministro Administrativo de la Presidencia despejó cualquier duda sobre la intención de revisar el convenio. José Ramón Peralta declaró que si bien el Gobierno respetaba la seguridad jurídica, su misión primordial era la preservación y defensa de los intereses de la nación.

No por casualidad otras figuras cercanas al mandatario como el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez; el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y el de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón habían favorecido a última hora la decisión sobre la firma que explota los yacimientos de oro de Pueblo Viejo, Cotuí.