RADAR

La crisis en la Administradora de Riesgos de Salud del Seguro Médico para Maestros (ARS-Semma) ha vuelto a dejar sin servicios de salud a los educadores, precisamente en el epílogo del año escolar. Una deuda de más de 350 millones con las clínicas, sin incluir los honorarios de los médicos, ha sido la causante de la nueva crisis que se cierne sobre el sector educativo. Si bien ha habido acciones judiciales, aunque evidentemente tardías, intrigan los problemas financieros con la ARS de los maestros. Es mucha la clase que se ha perdido este año por  protestas de los educadores por la suspensión de servicios de salud a través del Semma. Pero el conflicto, pese a acuerdos y anuncios de pagos, no acaba de resolverse. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas (Andeclip), Rafael Mena, denunció que el Gobierno ha violado el acuerdo para amortizar la deuda. La respuesta de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ha sido de que las clínicas son las que no cumplen, en tanto los profesores están sin servicios de salud. Por ahora no ha habido problemas con la docencia, pero existe el temor de que de no resolverse el conflicto los maestros adopten posiciones radicales. Las autoridades deben haberlo previsto.

No hay problema

Si cumple con los estándares internacionales de calidad, no hay problema para dejar entrar el cemento procedente de Jamaica que había sido retenido por el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Pro Consumidor). Se trata de la condición que exigía la entidad dirigida por la licenciada Altagracia Paulino para evitar que se engañe a los consumidores con un producto de baja calidad. Aunque siempre generan conflictos de intereses, las normas que regulan el intercambio comercial tienen que respetarse. Si de acuerdo con la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) el cemento cumple con las leyes internacionales de calidad, entonces hay que abrirle las puertas sin demora. Porque ya no hay justificación para trabas de ninguna índole para un producto que, a través de un estudio realizado por un laboratorio de Estados Unidos, un organismo oficial ha determinado que cumple con las leyes del mercado.  Lo demás es competencia.