Desastre
Aparte de declarar a San Cristóbal zona de desastre, como han reclamado sus autoridades a raíz de las inundaciones provocadas por las lluvias, debería también hacerse una investigación sobre los puentes que se han desplomado. Ha trascendido que las obras afectadas no tienen mucho tiempo que fueron inauguradas.

De no tratarse de puentes de emergencia es probable entonces que excedieran el uso. Al pedir que San Cristóbal sea declarada en estado de emergencia, el síndico José Bienvenido Montás Domínguez, que estimó los daños en unos 80 millones de pesos, reconoce la magnitud y la impotencia del Cabildo. La caída de los puentes ha aislado a las comunidades de Hato Damas, Daza, Boca de los dos Ríos, Los Montones, Medina, Jamey y otras. Cientos de viviendas se han inundado, varias se han desplomado y muchas familias han sido desplazadas a causa de las inundaciones. El tétrico panorama, que demanda asistencia urgente, ha motivado la petición del síndico de la ciudad. Es obvio que en una situación tan difícil la población no puede ser abandonada a su suerte.

Claridad necesaria

Hay que insistir en la necesidad de que se transparente la concesión por 99 años a una firma sin la solvencia económica necesaria para construir un complejo turístico en Barahona.

Una operación que ha despertado tantas sospechas no puede quedarse como un escándalo más, sin mayores explicaciones.

El senador peledeísta Francisco Domínguez Brito ha sido de los primeros en levantarse contra la concesión otorgada por ese cuerpo a la firma Terma de la Salamandra para erigir el complejo.

Como una suerte de privilegio que lastima la conciencia la compañía, que declaró un capital de 500 mil pesos, será beneficiada con más de dos mil metros cuadrados para levantar las obras.

Lo extraño es que por la firma, que se alega es de capital italiano, nadie ha dado la cara. ¿Puede haber más misterio en un contrato que ha levantado tanta repulsa?

La gente no debería cansarse de reclamar que se transparente hasta el más mínimo detalle sobre la concesión para el complejo turístico.

A nombre de un supuesto desarrollo de la industria turística o de facilidades a la inversión no se puede enajenar el patrimonio público. Los detalles que han salido a relucir crean un amasijo de sospechas que las autoridades harían bien en despejar. Sin dudas.