Bastaba con observar la Constitución para superar el prolongado conflicto que surgió con las normativas, previamente consensuadas, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el presidente Leonel Fernández tuvo que abocarse a un pacto con el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), para desbloquear las piezas legislativas. Se ha dado cuenta de que el convenio también incluye la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral, entes que todavía permanecen en una suerte de limbo jurídico. Es necesario advertir, sin embargo, que en el eventual reparto de poderes se ponderen más los méritos profesionales y cívicos que los intereses políticos. Es obvio que no se van a encontrar jueces químicamente puros, pero sí se puede procurar que sean por lo menos aptos y responsables. La trayectoria es fundamental en ese sentido. Una persona que no reúna las condiciones en modo alguno puede desempeñar cargos que ponen en juego la imagen y los intereses de la nación. Y para hacer más democrática la selección a la opinión pública debería otorgársele siquiera poder de veto.
Oficiales abatidos
El sábado, un mayor de

