RADAR

El Gobierno respira profundo después que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó ayer  la cuarta revisión del acuerdo Stand by que data de 2009, lo que destraba 168 millones de dólares  en desembolsos a República Dominicana. El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, considera que la aprobación  de  esa revisión revela el fuerte compromiso del Gobierno para mantener el acuerdo suscrito con el FMI. Lo cierto es que, que en términos de restricciones, el cumplimiento de ese convenio ha significado lágrimas de sangre para la República. Sólo hay que imaginar el sacrificio que entraña el mandato de reducir el déficit fiscal de 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto a un 1.6 por ciento o el de  conjurar el déficit cuasifiscal en sólo diez años, y ni hablar de la obligación de  remitir una millonada cada año al sector eléctrico para  pagar deudas que son eternas. Se recrea el dicho   de que estudiando cualquiera pasa.

El Tribunal Constitucional

Se afirma que fueron superadas las diferencias entre los legisladores y el Poder Ejecutivo, que impedían la aprobación del reglamento que regirá  al nuevo Tribunal Constitucional, aunque está por verse  a cuál sector le doblaron el pulso. La pieza de discordia la constituye  el artículo 30 de ese reglamento, que   establece que  cuando la Suprema Corte de Justicia declare por vía de excepción la inconstitucionalidad de una norma, tal decisión deberá ser conocida por el Tribunal Constitucional. Es obvio que  la Suprema quedaría supeditada   a ese tribunal, por lo que   su presidente, Jorge Subero Isa, ha advertido sobre un caos  en la administración de justicia. Hay que esperar que el buen juicio se imponga. La creación del nuevo tribunal, es un mandato constitucional.  La disputa en    instancias políticas, deja claro que los intereses partidarios condicionan lo fundamental. ¿Hay alguna fórmula para evitar que lo dañen? Ojalá la encuentren antes de que todo esté consumado.