No había pasado bien el escándalo sobre la vinculación de cinco coroneles con el cargamento de unos 700 kilos de cocaína incautados en el aeropuerto de Punta Cana cuando la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó sobre la ocupación de otros 1909 kilos en la isla Saona.

Sobre este operativo, en que fue determinante la intervención de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), no se ha dado cuenta de la participación de militares, aunque se sospecha. Pero haya o no militares de alto rango ligados al narcotráfico, la realidad es que son muchos los cargamentos que penetran al territorio, aún con la vigilancia por aire, mar y tierra de agentes estadounidenses.

Como además de los cinco coroneles en el cargamento confiscado en Punta Cana estaban involucrados otros 30 militares y servidores públicos, las autoridades son las primeras que deben ver con preocupación las posibles complicidades con el alarmante flujo de cocaína y otras sustancias narcóticas.

El microtráfico y cargamentos que son detectados en el exterior son la mejor prueba de que no siempre es detectada la droga que los cárteles logran introducir al territorio. Los 1909 kilos confiscados en la Saona representa, pues, otro signo de alarma.