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Los cuatro muertos ayer en Herrera en un frustrado asalto a un depósito de la Cervecería Nacional Dominicana es otra dolorosa prueba del desafío en que se ha convertido la criminalidad y la delincuencia. Pero también el desprecio por la vida que rodea aventuras que implican riesgos de matar o morir. Antes que obedecer una orden de alto, la Policía explicó que  las víctimas y otros dos ocupantes de un vehículo Toyota que fueron detenidos, la emprendieron a tiros contra la patrulla. El suceso que costó la vida a Aurelio Agustín Minyetti (El Gringo), de 34 años; Deivi Alexander Batista Minyetti, de 30; Eduardo Alcántara Anderson, (El Chavo) y otro identificado como Leandro se  inscribe dentro de una cadena de crímenes que aterrorizan a la población.  Sea a manos de la Policía en la lucha contra la delincuencia o de desconocidos, la criminalidad ha observado un preocupanterebrote. Hace unos días fueron encontrados los cadáveres mutilados de dos hombres en Azua; en Bonao, dos vigilantes fueron muertos y despojados de sus armas, y en Haina fue hallado el cuerpo con signos de violencia de un sargento de la Policía que estaba desaparecido.  Los cuatro muertos  en Herrera representa un mensaje perturbador  de la atmósfera social.

Grado a grado

El Gobierno tendrá que aclarar la grave denuncia de que concedió  grado a grado la construcción de la carretera internacional. El periódico digital ElSiglo21.com cita el poder especial 107-11 a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, a través del cual el presidente Leonel Fernández autorizaría la ejecución de la vía a las firmas Andrés & Camila, Materiales y Construcciones, representadas por el ingeniero Lorenzo Antonio Cruz Suriel, y a la brasileña Constructora Andrade Gutiérrez, por Rodrigo Vargas de Vasconcelos y Eduardo Antonio da Silva. La carretera, que enlaza a Pedernales con Hondo Valle, tendría un costo de unos 400 millones de dólares, de los cuales se habría adelantado a los constructores el pago del 20 por ciento. El Gobierno tiene que hacer la aclaración, pues es bien sabido que la asignación de obras sin licitación viola la ley 340-06, que regula el sistema de compras y contrataciones públicas, además de atentar contra la transparencia.