RADAR

Suspicacia

En extradiciones

Las pruebas de la Fiscalía del Distrito Nacional contra los imputados en el caso de José David Figueroa Agosto parece que no convencen a las autoridades judiciales boricuas para esclarecer las operaciones que se atribuyen al principal acusado en República Dominicana. O no concuerdan con el expediente a decir del reiterado interés por extraditar no sólo a Eddy Brito, uno de los principales imputados en el proceso, sino a Sobeida Félix Morel, Leivy Nin Batista, Madeline Bernard y las hermanas Mary y Adolfina Peláez. El interés de las autoridades boricuas supone, entre otras lecturas, que no confían en la función del Ministerio Público para evitar que se excluyan elementos del expediente. El encuentro para tratar la extradición de Brito que se dice celebraron en la sede de la embajada de Estados Unidos, funcionarios judiciales de Puerto Rico con el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso, planteaba de por sí muchas interrogantes en torno al caso. Pero más ahora en que se habla de que no sólo se quiere extraditar a Brito, sino a otros implicados. La oposición de las autoridades dominicanas ha alimentado las conjeturas, toda vez que desde un principio se ha dicho que con Figueroa Agosto negociaron muchos pejes gordos.

Reclamo a tribunales

La compañía brasileña Norberto Odebrecht es una de las principales constructoras de obras financiadas por el Estado. Sin embargo, el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de la Construcción ha tenido que demandarla ante los tribunales por supuesta violación de la Ley 6-86. De acuerdo con la entidad la firma le adeuda 105 millones, 103 mil pesos correspondientes al uno por ciento que especializa la legislación sobre el costo de la construcción de obras públicas y privadas. El reclamo sobre el que tendrán que decidir los tribunales tiene que ver con la construcción del proyecto hidroeléctrico de Palomino, en Bohechío, San Juan, a un costo de ocho mil millones de pesos. A través de una instancia de los abogados Bienvenido Fabián Melo y Claudio Marmolejos se alega que la compañía no depositó en la Dirección General de Impuestos Internos el porcentaje que establece la ley para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones de Trabajadores de la Construcción.