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El magistrado Eddy Olivares, de la Junta Central Electoral (JCE) ha vuelto a encender la llama sobre el conflicto en torno a la desnacionalización  de unos 20 mil dominicanos de ascendencia haitiana. Olivares ha advertido que de no encontrarse una salida amparada en la Constitución y las leyes República Dominicana corre el riesgo de volver al banquillo de los acusados de la Comisión o la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La decisión de excluir del registro civil y de la cédula de identidad y electoral a los domínico-haitianos fue definida por el magistrado como una medida ilegal, propia de una dictadura, que atenta contra el Estado de derecho. Insistió en que una decisión de esa naturaleza solo pueden tomarla los tribunales civiles. Lo de que el caso ha sido utilizado como chivo expiatoria para ocultar negligencia o falta de interés de las autoridades electorales constituye un juicio de valor y, por tanto, es harina de otro costal. No así su advertencia sobre las consecuencias de la aparente violación. En modo alguno se puede pasar por alto que el conflicto coincida con la demanda de millones de inmigrantes en Estados Unidos, incluyendo dominicanos, sobre una reforma que legalice su residencia en aquel país.