RADAR

Al Fondo Monetario Internacional (FMI) le corresponde aclarar si ha emitido o no un documento en el que recomienda al Gobierno dominicano aplicar una serie de medidas de carácter tributario, que incluiría elevar los impuestos a la Transferencia de Bienes Industrializados y de Servicios (ITBI) y a los combustibles,  como  forma de despejar las dudas respecto a la  autenticidad de un informe de ese gendarme que  circula en corrillos mediáticos y empresariales. El Departamento de Finanzas Públicas del FMI está en condiciones de  informar sobre esa supuesta Nota Técnica, en razón de que todos los documentos de ese tipo deben ser revisados por esa unidad. Desde el ámbito oficial se alega que  el informe  que contendría esas recomendaciones data de octubre de 2006, pero otros alegan que se emitió un  segundo documento el 13 de diciembre de 2011, ambos con el encabezado de “Exclusivamente para uso oficial”. El tema  sobre ese informe adquiere importancia en razón de que los  dos candidatos con mayores posibilidades de ganar las elecciones  han prometido que  realizarían una reforma tributaria integral, con el concurso del empresariado y partidos políticos. Hay que esperar lo que dice el FMI.

Derechos ciudadanos

El presidente del Colegio de Abogados, doctor José Fernando Pérez Vólquez, ha dicho que  los ciudadanos afectados por la interrupción en el suministro de agua potable a causa de una avería en el sistema, pueden  demandar a las personas físicas o jurídicas que ocasionaron el daño, aunque es menester probar en justicia  el perjuicio que se alega haber sufrido. La verdad es que los ciudadanos tendrán que  aprender a reclamar por ante un juez sus derechos lesionados por  autoridades o particulares, como ha sido el caso de  la ruptura de una tubería  de 67 pulgadas de diámetro que trae agua desde la prensa de Valdesia al Distrito Nacional que ha causado la suspensión del servicio en gran parte de la Capital y provincia Santo Domingo. Una  máxima jurídica  reza que quien causa un daño a otro está obligado a repararlo, por lo que el presidente del Colegio de Abogados tiene razón al señalar que el ciudadano puede elegir la vía judicial para reclamar derecho y exigir reparación a daños infligidos.