RADAR  

El  clan golpista de Honduras ha rechazado el reclamo del secretario general de la Organizacion de Estados Americanos a una inmediata reposición del presidente depuesto Manuel Zelaya. Por el contrario, el presidente de la Corte Suprema, Jorge Alberto Rivera, ha desafiado a la OEA y a toda la comunidad internacional al decir que  pueden hacer lo que quieran en la seguridad de que Zelaya no volvería jamás a la presidencia de esa nación. El secretario Insulza no ha sido bien recibido por ese clan, integrado además por el presidente usurpador, Roberto Micheletti, y por el general golpista Manuel Romero. No hay dudas de que  la crisis politica  en Honduras  empeora con la actitud desafiante de  quienes interrumpieron el orden constitucional y las previsibles sanciones diplomáticas y politicas que les impondrá la comunidad internacional. Por lo pronto Honduras  se encuentra  virtualmente aislada  por via terrestre y sin  cuerpo diplomático,  porque la mayoría de las   naciones  retiró a sus embajadores. Es poco lo que puede hacer el secretario Insulza, pero la presión internacional no debe detenerse hasta tanto se materialice el regreso de Zelaya y su reinstalación en la presidencia de Honduras.

Se impone el basta ya

Las declaraciones del vicepresidente Rafael Alburquerque, de que el Gobierno propiciaria una salida definitiva  al impasse  entre patronos y trabajadores en torno al monto del aumento salarial,  consolidan la opinión  casi unánime de que a ese problema hay que  buscarle una solución   inmediata.Las centrales sindicales y la Confederacion Patronal llevan meses en bizantinas disusiones  sin poder arribar a algún tipo de acuerdo, mientras los trabajadores del sector privado pasan las de Cain. Es por eso que se alienta a la Secretaria de Estado de Trabajo para que asuma su papel y propicie un tipo de solución justa y  realista al problema, que deberia incluir la figura del aumento general de salarios para todo el sector y no sólo en materia de tarifas minimas, como ha planteado el sector patronal. El  anhelado incremento de los sueldos lleva un retraso de más de tres meses, por lo que se impone un basta ya, sobre todo porque justicia tardía no es tal justicia.