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Las consideraciones jurídicas generan cada vez más interrogantes sobre las consecuencias del auto del presidente de la Suprema Corte de Justicia que declara sin efecto ni objeto la querella por difamación e injuria interpuesta por el expresidente Hipólito Mejía contra el senador Wilton Guerrero. Las supuestas violaciones constitucionales en que habría incurrido el magistrado Mariano Germán Mejía al declarar la inconstitucionalidad de un artículo de una ley pueden plantear  un desafío para el aparato judicial.

Apoyados en consideraciones jurídicas, los abogados de Hipólito alegan que Germán Mejía incurrió en exceso de poder al atribuirse una decisión que competía al pleno del tribunal. 

 Julio Cury dijo que el magistrado se atribuyó poderes excepcionales al sustituir al pleno con el fallo del fondo de la acusación de Mejía contra Guerrero. Citó a ese respecto el artículo 88 de la Constitución, según el cual compete a los tribunales la excepcionalidad de declarar la inconstitucionalidad de una disposición legal. Y también la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Así las cosas, no hay que dar muchas vueltas para darse cuenta de que la última palabra sobre el conflicto la tendrá  el Tribunal Constitucional. Si es que lo apoderan del caso.